( 24-07-2023 )

Un territorio se construye (y también se destruye) de mil formas diferentes: desde los impulsos individuales a los colectivos; desde la aportación de las instituciones más próximas a las más lejanas. Es una tarea que está (o debería estar) constreñida necesariamente por límites. El imperio de la ley es el más evidente. De lo contrario, reinaría la incertidumbre, el temor, la parálisis, el descontrol, incluso el caos. El urbanismo de la ciudad de Vigo es el mejor ejemplo de lo que puede ocurrirle a una ciudad cuando el instrumento que debería ordenarla y diseñar su crecimiento es precario o rehén en un estado de inestabilidad. O, peor aún, cuando ese instrumento no existe.

Desde finales de los 80 –cuando Vigo estaba todavía digiriendo los nefastos efectos del Plan Xeral de los 70– hasta la actualidad la ciudad ha vivido, más exacto sería decir sufrido, un carrusel de documentos planificadores que lejos de cumplir su misión –prever, armonizar y gestionar los espacios públicos y privados en pos de un crecimiento sostenido y eficiente al tiempo que ofrece un blindaje jurídico a los proyectos– han agravado, año a año, una situación que era muy deficiente. La anulación por una cuestión meramente formal del Plan de 2008 por el Tribunal Superior fue la gota que colmó el vaso de los despropósitos.

Los vigueses conocen bien la historia. Baste decir, a modo de corolario, que el Vigo de 2023 está por una parte en manos de un Plan Urbanístico aprobado en 1993 –hace treinta años– y por otra de un instrumento de ordenación provisional –un remiendo aprobado por la Xunta para evitar una paralización absoluta– que tiene los días contados y cuya caducidad pondría en serios aprietos otra vez al territorio más poblado, dinámico y, desde el punto económico, más importante de Galicia.

(NOTICIA PUBLICADA EN EL FARO DE VIGO )

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