( 05-11-2019 )

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, siendo el encarecimiento de los alquileres uno de las partes de esa cuestión  del problema.

 

Este problema, fue uno de los protagonistas de la última legislatura siendo uno de los puntos de discordia entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que no lograron ponerse de acuerdo en la fórmula para tratar de frenar la subida de los precios de los alquileres. La cuestión del desacuerdo provenía sobre todo por la idea de intervenir directamente en el mercado limitando los precios, algo que el Ejecutivo socialista dejó fuera del nuevo decreto regulador del alquiler.

 

Cierto es que el mercado de alquiler está mostrando cierta moderación en los precios debido sobre todo a la desaceleración económica global, pero aun así, ciudades como Madrid o Barcelona siguen manteniendo un nivel de precios que dificultan el acceso de los ciudadanos al arrendamiento de viviendas.

 

Y en medio de toda esa situación, los principales partidos tratan de ofrecer una vía para intentar atajar el problema. A grandes rasgos, el PSOE apuesta por ampliar la oferta de vivienda asequible; el PP pone el foco en las deducciones fiscales para los arrendadores; Ciudadanos contempla reducir las trabas administrativas para construir y rehabilitar inmuebles y Unidas Podemos continua en su idea de limitar los precios y las subidas.

 

Las distintas propuestas en cualquier caso hacen necesarias importantes inversiones públicas que se materializarán a través de la construcción de vivienda pública para ser destinada al alquiler social, en subvenciones y ayudas para el arrendamiento o mediante la reducción de ingresos fiscales del estado.

 

En otros casos como la limitación de precios, puede generar una economía sumergida ligada al alquiler como ya ha ocurrido en Paris a raíz de la entrada en vigor de las últimas medidas en este sentido, debido a que se puede mermar la rentabilidad obtenida por los propietarios y desincentivar la oferta, añadiendo más presión al alza de los precios sin obtener los resultados esperados.

 

El consenso de los expertos apunta en la dirección de incrementar el parque público de viviendas para provocar un impacto directo en los precios, encaminándose a medida que incentiven el mercado y no a intervengan directamente en él, penalizando a los propietarios, en este sentido deben ponerse en marcha incentivos fiscales, tanto a inquilinos como a propietarios.

 

Un ejemplo de estas medidas es Portugal, con un modelo en el que el propietario si fija la renta por debajo de un 20% de los precios del mercado, percibe beneficios fiscales que compensan esa bajada y el inquilino tiene más posibilidades de acceder a esa vivienda.

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