( 30-03-2021 )

LEGALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS EN ANDALUCÍA

 

El pasado mes de octubre de 2019 el Parlamento de Andalucía convalidó el Decreto-Ley de «Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares».

 

Desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, su Consejera Doña María Francisca Carazo Villalonga, explicó en su día, que esta norma venía a resolver una situación que afectaba a más de 300.000 familias, dando una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad, a través de tres líneas básicas de actuación:

 

-Permitir, con algunas excepciones, que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

 

-Que todos los municipios puedan formular, de manera inmediata, un plan especial o un plan parcial para una agrupación de viviendas concretas, tenga o no aprobado su Plan General de Ordenación Urbana PGOU.

 

-Que los ayuntamientos prevean en sus planes urbanísticos una serie de servicios mínimos, como son equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.

 

Pero el Decreto-Ley no pretendió dar una amnistía general a todo tipo de edificaciones irregulares, por lo cual la Consejería de Fomento  Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha duplicado, en sólo dos años coincidiendo con su aprobación, las actuaciones de inspección urbanística para prevenir irregularidades, de esta forma se han disparado en toda Andalucía las multas y las inspecciones de edificaciones ilegales.

 

Los inspectores además de acudir 'in situ' a las zonas en las que puede haber edificaciones ilegales, rastrean diferentes páginas web donde se ofertan nuevos terrenos o nuevas construcciones ilegales y emplean la ortofotografía digital disponible.

 

El atractivo de ciertos lugares y el progresivo abandono de la agricultura está produciendo la incorporación de parcelas ilegales que a menudo son divididas en lotes entre 500 y 1.000 metros cuadrados en régimen de proindiviso, y que son tapiadas e incluso edificadas en pocos meses.

 

El caso más preocupante, es el del núcleo rural costero de El Palmar en Cádiz, que presenta una dinámica vertiginosa de parcelación y edificación irregular en tiempo y número, con una superficie afectada cercana a las 500 hectáreas.

 

La Junta de Andalucía ha precintado en sus últimas actuaciones 65 edificaciones en parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable habiendo sido necesaria la coordinación con los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como con la Fiscalía, para detener estas parcelaciones ilegales que se desencadenan a un ritmo vertiginoso, mediante la autoconstrucción o la instalación de casas prefabricadas sobre el terreno.

 

Esta conductas no sólo atentan contra la normativa urbanística, sino que tienen graves consecuencias medioambientales para todo el territorio.

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