( 02-01-2017 )

El Gobierno pretende establecer un sistema que permita la devolución rápida de las cantidades cobradas de más a través de las cláusulas suelo y evitar que los afectados tengan que acudir a los Tribunales, debiendo los bancos adherirse voluntariamente al sistema. Sin embargo, el PSOE se opone a que sea un sistema voluntario para los bancos y considera que debe ser obligatorio. Esta oposición ha impedido que se aprobara la norma en el último Consejo de Ministros y se ha demorado para el próximo 13 de enero de 2.017.

Antes de esa fecha, es muy probable que se cuente con la decisión del Tribunal Supremo que aclare la forma en la que debe aplicarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que el 21 de diciembre de 2.016 falló contra la retroactividad parcial de las indemnizaciones.

El problema de que la norma sea obligatoria para los bancos radica en que las relaciones de éstos con sus clientes está dentro del ámbito privado, lo que supondría una ingerencia de los poderes públicos en contratos firmados entre particulares, lo que, desde el punto de vista jurídico, es improcedente.

No obstante, debido al número tan importante de afectados y del importe que los bancos podrían tener que devolver, que suponen 4.200 millones de euros, es posible que se entienda que el caso excede de lo que puede considerarse una relación ordinaria en el ámbito privado y que se tratara de establecer la obligatoriedad para los bancos. En este caso, se abriría una nueva confrontación jurídica al no ser una medida que sea conforme al Derecho, al igual que no lo fue la decisión del Tribunal Supremo de limitar la retroactividad de los efectos de la anulación de la cláusula suelo con el argumento de que podría afectar al sistema financiero.

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