( 26-02-2021 )

España espera recibir en los próximos años 140.000 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos, derivados del COVID-19, de esta forma las comunidades autónomas preparan los proyectos que se presentaran para ser ejecutados con cargo a estos fondos.

 

La Comunidad de Madrid tendría asignados 22.471 millones de euros del total de los recibidos, que se distribuirían en 214 proyectos de inversión, según informa el Gobierno regional, así el 41,2% de esta cantidad se destinaría a cohesión social y territorial, el 31,7% iría a transición ecológica, y el 27,2%, a la transformación digital.

 

Entre los proyectos de inversión se contempla la renacida Ciudad de la Justicia, para cuya ejecución se asignarían 442 millones de euros y que siempre ha sido una aspiración del gobierno de la comunidad desde el cambio de siglo.

 

El gobierno Doña Esperanza Aguirre inició su ejecución pero se desvaneció con la crisis de 2008 tras una inversión de 100 millones de euros y salpicado de acusaciones de irregularidades en su gestión. Quedando construido un único edificio, el actual Instituto de Medicina Legal, que entró en funcionamiento el pasado diciembre como consecuencia de las necesidades de la pandemia, tras años sin uso.

 

El nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia, permitiría ubicar en una única sede en Valdebebas, los juzgados y tribunales del partido judicial de Madrid capital, repartidos ahora en 28 edificios distintos.

 

De esta forma se vuelve a su ubicación original, lo que tratará de impulsar y dinamizar esta nueva área de la capital y que implicará la participación de las consejerías de Transportes, Sanidad, Ordenación Territorial y el propio ayuntamiento de la capital, para la dotación de las necesarias infraestructuras de servicios y en especial de transporte.

 

Conforme con las previsiones de la Comunidad de Madrid un total de 356 órganos judiciales se instalarán en las nuevas instalaciones con lo que se pretende solventar la escasez de inmuebles que permiten llevar a cabo de forma adecuada la actividad judicial y la antigüedad de muchos de ellos, así como optimizar los recursos económicos al evitar el coste del arrendamiento de sedes.

 

En este proyecto aún queda pendiente de determinar el número definitivo los edificios que albergarán las sedes judiciales con la correspondiente adaptación a las necesidades del ejercicio judicial, prestando especial atención a la transformación digital, lo que permite enlazar con los criterios que justifican el destino de las ayudas financieras de la Unión Europea.

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