( 15-06-2018 )

Casi 6.000 ayuntamientos a lo largo de toda España han venido utilizando la figura del arquitecto honorífico sin llegar a cubrir esas plazas por medio de arquitectos funcionarios. Esto ha supuesto que miles de proyectos y planes urbanísticos hayan sido informados por arquitectos que conforme a la Ley no tenían competencia para ello.

El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local es clara en el sentido de que solo un arquitecto que sea funcionario de carrera podrá ejercer funciones publicas, como lo son el informe y control de un proyecto de construcción o de un instrumento de planeamiento.

El arquitecto honorífico es nombrado por el alcalce sin ningún tipo de control administrativo, siendo una figura que surgió hace muchos años cuando los municipios necesitaban el asesoramiento de un arquitecto pero no tenían un volumen suficiente para poder sacar una plaza de funcionario. Pero con el boom inmobiliario la figura se desvirtuó porque sirvió para que algunos alcaldes pudieran sacar adelante proyectos que de haber sido el arquitecto funcionario nunca se podrían haber aprobado. Y esto fue así porque el arquitecto honorífico temía perder sus prevendas si se negaba a lo que los políticos le pedían. Si no accedian a sus pretensiones serían sustituidos inmediatamente por otro arquitecto. De haber sido funcionario, al ser inamovible, no se habría sometido a las instrucciones de los políticos. Además de que, al no ser funcionarios públicos, no estaban sometidos de una forma estricta a las incompatibilidades de la Ley de forma que obtenían clientes en el municipio solamente por su cargo de honorífico.

Durante los últimos años los arquitectos honoríficos de algunos municipios han aprobado proyectos que, incluso, se han desarrollado en zonas protegidas. Existen por tanto, innumerables promociones y planes urbanísticos a lo largo de toda España que, como poco, están afectados de una nulidad administrativa si no existe además, la comisión de un presunto delito.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanísmo ya ha empezado a recibir las primeras denuncias y se ha puesto a invetigar, lo que va a suponer la iniciación de un número considerable de causas penales.

Fuente: El Confidencial https://www.elconfidencial.com

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