( 04-12-2024 )

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo la creación de una "gran empresa pública de vivienda, que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE). Esta nueva promesa ha supuesto una gran sorpresa en el sector, ya que coincide en el tiempo con la venta de Árqura, la promotora de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), participada en su mayoría por el Estado. En concreto, desde 2022, más del 50% del capital del llamado banco malo es de titularidad pública a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria); el resto del accionariado se reparte entre bancos y varias aseguradoras como Banco Santander, Caixabank, Sabadell o Mapfre.

"Se trata de una gran contradicción, ya que está en marcha la desinversión de una compañía que precisamente cuenta con suelo y que podría encargarse de realizar las labores de esta nueva empresa de la que habla Sánchez", aseguran fuentes inmobiliarias a elEconomista.es.

Árqura se puso en marcha en 2019 por parte de la entidad pública para maximizar el valor de los mejores suelos en manos de Sareb, también conocida como el banco malo por aglutinar en 2012 los activos inmobiliarios fallidos de la banca tras el pinchazo de la burbuja.

Dentro de su venta se incluye una cartera de suelos e inmuebles que suman 16.000 viviendas. Concretamente, 4.000 se encuentran en edificios que ya están en desarrollo, otras 2.200 están en fase de precomercialización y el resto, 9.800 unidades, son suelos en distintos momentos de desarrollo urbanístico.

Desde el Gobierno aspiran a que la oferta pública de vivienda en alquiler alcance un 6% del total del parque residencial para el año 2030. "Para alcanzar esta promesa deberían levantar 1,2 millones de viviendas, para lo que se necesita una inversión de 270.000 millones de euros", destaca Mikel Echavarren, CEO de Colliers.

"El estado no tiene recursos para hacerlo solo. No cuenta con la capacidad financiera, ni con los equipos necesarios para promover esa cantidad de viviendas, ni mucho menos para la gestión posterior y mantenimiento que requiere un parque de pisos en alquiler", destaca el directivo, que señala que "ya se ha demostrado en algunas regiones que la gestión de los pisos de alquiler públicos ha sido un desastre".

Además, Echavarren apunta que "en el mejor de los casos no van a tener ni una sola vivienda para alquilar antes de tres años" y cree que lo más lógico es que "apuesten por la colaboración publico privada".

De hecho, para encarar el desafío de la falta de vivienda el Gobierno lanzó un plan para poner en el mercado más de 43.000 viviendas de alquiler asequible y social a través de la movilización de 6.000 millones de euros en prestamos y avales para promotores  tanto públicos como privados. Son inmuebles que mantendrán las condiciones de alquiler accesible durante "un mínimo de 50 años".

El compromiso del Ejecutivo durante la investidura es incrementar el parque público en 184.000 viviendas y en el pasado verano ya cifraba en más de 80.000 las unidades "en diferentes fases de desarrollo".

NOTICIA PUBLICADA EN EL ECONOMISTA 

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