( 05-12-2024 )

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. 

Según ha recordado Zurdo, la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 "obliga al Gobierno a crear antes del 2025 un índice de referencia de actualización de rentas por el que deben regirse todos los arrendamientos  de viviendas que se suscriban a partir del 1 de enero de 2024 y todos los arrendamientos de viviendas que deban actualizar sus rentas en el 2025".

En concreto, dicha normativa introdujo un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda en sustitución al IPC y a los topes establecidos en los ultimos años ( del 2% en 2023 y del 3% en 2024).

El I Congreso de Derecho Inmobiliario ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y ha sido organizado por la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (AIM), el COAPI de Madrid, FADEI, AMADEI y Sabadell. 

Uno de los principales temas que se han puesto sobre la mesa ha sido la Ley de Vivienda. Todos los ponentes han coincidido en señalar que ha traído una reducción de la oferta de alquiler, mayor presión de la demanda y más desprotección al inquilino que, ante una menor oferta de pisos en alquiler, ve cómo suben los precios a un ritmo muy superior a los salarios.

En palabras de Santiago García, letrado de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), “la Ley de Vivienda ha orillado a las personas más desfavorecidas y ante una situación en la que oferta se ha contraído, y la demanda ha crecido, no casan precios y van al alza”.

“Todo este caos en Cataluña se vive con mayor pavor. Aquí tenemos además limitación de precios. La ocupación ilegal es un problema y en Cataluña hay falta de medios judiciales”, añade García. 

Ante la inseguridad creada por la Ley de Vivienda, los propietarios de inmuebles de alquiler tradicional han sacado sus propiedades de este mercado para llevárselo al alquiler de habitaciones o de temporada, es decir, a otras modalidades no reguladas por la Ley de Vivienda. 

En este sentido Alberto Torres, abogado de la editorial jurídica Sepín, ha recordado el auge del alquiler de temporada y de la confusión que hay con los apartamentos turísticos, así como del aumento de los fraudes. “El arrendamiento de temporada no se rige por la LAU, sino por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes”. 

NOTICIA PUBLICADA EN IDEALISTA

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