( 13-06-2023 )

"Es un chollo para los okupas". Así han definido desde el Partido Popular (PP) la nueva ley de vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo. El principal partido de la oposición tiene muy claro que "el problema de la okupación no para de crecer en España" y por ello prometen desahucios exprés en 24 horas en caso de que lleguen al Gobierno en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

 

La propuesta del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo impone un desalojo inmediato en caso de flagrante delito y apuesta por modificar la ley para endurecer las penas por usurpación. Además, según ha podido saber elEconomista.es desde el PP proponen que haya una especialización del personal suficiente en los juzgados sobre este tema para poder dar "una respuesta ágil, en tiempo y forma, adaptada a la nueva normativa que de respuesta a un "problema cada vez más generalizado".

Su propuesta pasa por agilizar estos procedimientos tanto en caso de okupación como de impagos en alquiler, diferenciando entre familias que "realmente son vulnerables, de las que no lo son", apuntan.

Actualmente, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los propietarios en nuestro país esperan, de media, hasta 18 meses para conseguir el desalojo de okupas ilegales.

Estos tiempos superan los dos años y medio en Castilla y León, que son los peor parados en los procesos de desahucios, según los datos de (CGPJ) de al cierre de 2021. Los plazos que se manejan en nuestro país, están muy por encima de los que se manejan en otros países de Europa. 

En la parte opuesta está Asturias o Aragón, donde estos procesos se resuelven, de media, en menos de un año.

Desde el PP quieren crear además una infraestructura completa de apoyo para los casos de okupación que permita estos desalojos en 24 horas y que abarca distintas organizaciones y administraciones.

Así, proponen la creación de oficinas técnicas municipales que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos y también la puesta en marcha de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal. Por otro lado prometen habilitar un teléfono de atención 24 horas para actuar de manera inmediata.

El fin de aplicar todas estas medidas es "dotar de seguridad jurídica a los propietarios de una vivienda frente a la okupación", explicó hace unas semanas Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.

Bravo destacó que el objetivo del PP es conseguir que haya más vivienda en el mercado y afirmó que esto no es compatible con "enviar mensajes negativos a los propietarios, con no protegerles ante la okupación o con señalarles con el dedo porque parece que es malo tener un piso".

El vicesecretario de Economía del PP aseguró que el objetivo del partido con estas medidas y otras que plantea en el ámbito de la vivienda "es no dejar a nadie fuera del acceso a una vivienda a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez, que ha infradotado el bono del alquiler y ha provocado que miles de personas que cumplían los requisitos no hayan podido acceder a él".

Además, desde el partido de derechas aseguran que con la ley de vivienda se va a "conseguir el efecto contrario", logrando que cada vez menos propietarios pongan sus pisos en alquiler, lo que reducirá la oferta y subirá los precios.

Asimismo, consideran que al respaldar la okupación con la nueva ley de vivienda los propietarios cada vez van a demandar mayores garantías a los inquilinos, lo que dejará fuera de mercado, precisamente, a las personas con rentas bajas.

( NOTICIA EL DIARIO EL ECONOMISTA)

 

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