( 19-05-2017 )

El Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, queda sin efecto tras la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por no incorporar el preceptivo informe de impacto de género durante su tramitación, que debe de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de dicho plan.

El informe exigido debió ser emitido por la Dirección General de la Mujer, dependiente de la administración autonómica de Madrid, quedando exonerado de esta forma al Ayuntamiento de Boadilla de responsabilidad, ya que el plan fue sometido a información pública y remitido a los órganos competentes del gobierno autonómico.

La Comunidad de Madrid ha argumentado en el procedimiento que no era preciso el informe para la tramitación del plan, ya que cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte aún no estaban en vigor los preceptos legales que establecían la obligación de emitir tal informe.

El Tribunal Superior de Justicia, hace valer en su resolución argumentos ya expuestos por el Tribunal Supremo manteniendo que “sí debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente artículo 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, a la postre, en ausencia de normativa específica autonómica, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho del Estado respecto del propio de la Comunidad Autónoma”, justificando la necesidad de aportar el informe en la tramitación.

Se vuelve a poner de manifiesto que la tramitación burocrática de los Planes Generales de Ordenación Urbana debe sistematizarse y simplificarse, acortando plazos, mejorando la coordinación entre Administraciones y el cumplimiento de sus obligaciones, ya que es precisamente el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones de la Administración una de las causas más habituales de las anulaciones de los PGOU.

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